¡FIN AL ABUSO!

Presencia en medios

espectacular-abusometroPor Claudio X. González Guajardo

Los mexicanos tenemos el derecho y la obligación de exigir que se utilicen correctamente los recursos que aportamos al gobierno. Más aún el recurso que damos para temas vitales como la educación pública. A su vez, la autoridad tiene la obligación legal y ética de usar eficazmente lo aportado y rendir cuentas a los ciudadanos. Desafortunadamente, no se da la exigencia ciudadana y tampoco la transparencia gubernamental.

Para animar el ejercicio democrático de rendición de cuentas y alentar la mejora educativa, Mexicanos Primero puso en marcha, hoy a las 00:01 hrs., el Abusómetro, marcador electrónico que da cuenta de las cantidades estratosféricas de recursos que se desvían o roban del presupuesto educativo cada año (en Periférico, hacia el sur, a la altura de San Ángel).

Para determinar la velocidad a la que corre el Abusómetro nos apoyamos en cifras oficiales del Censo Educativo (CEMABE)que levantó el INEGI en 2013 por mandato del Presidente Peña Nieto. Dicho Censo reporta que las escuelas del País tienen grandes carencias (ej. 45% sin drenaje, en Oaxaca el 82%); sin embargo, de acuerdo al mismo CEMABE, hay 298,174 pagos irregulares o ilegales a personal que no se encuentra en su centro de trabajo. Esa es la suma de 39,222 aviadores + 30,695 comisionados + 113,259 personas que están en “otro centro de trabajo” + 114,998 jubilados o retirados que siguen en la lista de maestros en activo.

Si asignamos un valor de $10,000 al mes por plaza a cada una de las 298,174 plazas irregulares, el costo anual para los mexicanos de este despilfarro asciende a $35,000 millones de pesos cada año. Eso implica un desvío y robo de $95 millones diarios y más de $1,000 por segundo: A esa velocidad corre el marcador del Abusómetro.

El cálculo, por increíble que parezca, es conservador. Con toda seguridad el despilfarro de recursos es todavía mayor. ¿Por qué? Hicimos un cálculo conservador de la percepción mensual promedio de $10; no estamos considerando bonos y otras prestaciones; no incluimos las entregas masivas e ilegales de recursos a cúpulas sindicales; contamos con datos completos en estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán (estados con problemas más graves de corrupción); no se pudo censar ciertos centros de trabajo en donde se paga a los comisionados (centros AGD y AGS); miles de “maestros” se rehusaron a contestar a los encuestadores sobre su función en la escuela (44,931 para ser exactos), y 2 de cada 3 maestros censados en Oaxaca se rehusaron a indicar qué hacen en la escuela…

Con $35,000 millones de pesos se podrían construir 24 escuelas cada día; aumentar el piso salarial de cada maestro en servicio a $17,000 al mes; alimentar a 12 millones de niños en la escuela cada día; o, entregar becas a 6 millones de jóvenes cada año.

Las administraciones del pasado, a nivel nacional y estatal, no hicieron más que engrosar e ignorar este atraco. Sin embargo, la presente administración es responsable de resolverlo. No nada más eso, tiene los instrumentos legales (gracias a las recientes y atinadas reformas normativas) y administrativos para ello. Lo que se requiere es de voluntad y valentía política.

Lo que le pedimos al Presidente, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Educación y a los legisladores de todos los partidos, es que vean la dimensión del problema y sus horribles consecuencias (si corrompes a la educación, corrompes a México) y que implementen a cabalidad la reforma al 3ero constitucional. Es así de sencillo: que se cumpla la ley que ellos diseñaron y aprobaron.

Arreglando este tema el gobierno tiene la posibilidad de enviar dos mensajes muy poderosos y positivos: que en realidad quieren combatir la corrupción, y que son un gobierno decidido y eficaz que sabe no sólo lograr reformas legales, sino implementarlas.

Ojalá se atrevan, pues sólo corrigiendo este desorden lograremos dignificar la profesión docente y mejorar la educación de los niños y jóvenes.